Amnistía Internacional alerta de que Argentina está construyendo un sistema de vigilancia masiva sin control judicial
Un informe de la organización documenta cómo el gobierno argentino despliega tecnologías de reconocimiento facial y monitoreo digital que amenazan derechos fundamentales.
Amnistía Internacional publicó un informe que documenta cómo el gobierno argentino está desplegando tecnologías de reconocimiento facial (sistemas que identifican personas a partir de cámaras) y herramientas de monitoreo digital sin marco legal claro ni control judicial, creando lo que la organización llama un «estado de vigilancia tecnoautoritario» que amenaza derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.
Amnistía Internacional publicó un informe que advierte sobre el crecimiento acelerado de una infraestructura de vigilancia masiva en Argentina. Según la organización, el gobierno está desplegando tecnologías de reconocimiento facial (sistemas que identifican a personas en tiempo real a partir de imágenes de cámaras) y otras herramientas de monitoreo digital sin garantías legales suficientes, lo que pone en riesgo derechos como la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente.
El informe, tal como informa Wired en Español, describe un «estado de vigilancia tecnoautoritario» en formación: un modelo en el que el gobierno usa tecnología para controlar y seguir a la población sin necesidad de aprobación judicial o transparencia sobre cómo se usan los datos recogidos. Esta infraestructura incluye cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos, sistemas de geolocalización (que rastrean la ubicación de dispositivos móviles) y bases de datos centralizadas que cruzan información de distintas fuentes.
Amnistía Internacional señala que estas tecnologías se están implementando sin un marco legal claro que proteja a los ciudadanos. No existe, por ejemplo, una ley que regule quién puede acceder a las imágenes capturadas, durante cuánto tiempo se almacenan o qué uso se les da. Tampoco hay mecanismos de control independiente que auditen si el sistema se está utilizando de forma legítima o si está siendo empleado para vigilar a activistas, periodistas o manifestantes.
La organización advierte que este tipo de vigilancia tiene un efecto inhibidor: aunque no se use activamente contra alguien, el simple hecho de saber que se está siendo observado puede disuadir a las personas de ejercer sus derechos, como participar en una protesta o expresar opiniones críticas. Este fenómeno, conocido como «efecto panóptico», es especialmente preocupante en contextos políticos tensos.
El caso argentino no es único en la región, pero Amnistía lo destaca como un ejemplo de cómo las tecnologías de vigilancia se están normalizando sin debate público ni salvaguardas democráticas. La organización pide al gobierno que suspenda el uso de estas herramientas hasta que exista una legislación que garantice su uso respetuoso con los derechos humanos, y llama a la sociedad civil a exigir transparencia sobre qué datos se recogen, quién los controla y cómo se utilizan.
